El SEPRONA ha llevado a cabo un total de 31 inspecciones en la provincia para detectar posibles irregularidades urbanísticas. Como resultado, se ha puesto a disposición judicial a 22 personas, como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio y se ha realizado numerosas denuncias administrativas, cuyos importes oscilan entre los 300 euros, la más leve y el millón y medio de euros, la más grave de ellas.
