Continúa la polémica en torno a los terrenos del colegio diocesano Santo Domingo. Carolina Gracia, alcaldesa de Orihuela, desmiente rotundamente que haya firmado un decreto por el que se anula la sentencia de ningún tribunal, tal y como afirma José Antonio Muñoz Grau en representación de la Comisión PRO-CAMPUS, en un escrito remitido al Ayuntamiento. Gracia afirma que “es imposible anular una sentencia con un decreto” y recuerda que fue en diciembre de 2021 cuando se le comunicó al Obispado que cumpliendo con la recomendación de la Agencia Antifraude tenía hasta el 15 de julio de 2022 para devolver la ocupación de los terrenos.
