El Consell pide al Consejo de Estado que emita un informe desfavorable sobre el plan del Tajo por defectos que pueden determinar su nulidad de pleno derecho. La Abogacía de la Generalitat acredita que “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”. Considera en su informe que no se ajusta a la legalidad el hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua.
