El juzgado ha emitido su fallo y ordena al ayuntamiento a desalojar el local donde se ubican las oficinas del Prop y además a pagar al propietario del local las mensualidades que se le adeudan, casi 20 meses. La sentencia también impone al ayuntamiento el pago de las costas judiciales. Una sentencia, eso sí, que todavía no es firme y contra la que cabe recurso.
