La Policía Nacional ha detenido a un total de veinticuatro personas de diferentes nacionalidades por aprovecharse, presuntamente, de la situación de necesidad y vulnerabilidad en la que se encontraban numerosos inmigrantes en situación irregular. Llegaban a cobrarles entre 6.000 y 8.000 euros para facilitarles contratos y poder regularizar su situación administrativa en España.
